El pasado 23  de septiembre de 2024 se cumplieron 7 años que se promulgara la Ley N° 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Se trató de un hito histórico no solo para las mujeres de nuestro país, sino también para el Colegio de Matronas y Matrones de Chile y su permanente lucha para defender los derechos sexuales y reproductivos de la población.

Sobre este tema, los alcances y balance de la implementación de la ley, el ColMat conversó con la matrona Daniela Vargas Guzmán. La profesional estudió Obstetricia y Puericultura en la Universidad de Chile. En la actualidad cumple funciones en la Subsecretaria de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud como referente técnico en varias líneas de Salud Sexual y Salud Reproductiva. “Dentro de ellas, en la atención cerrada en ginecología y obstetricia de alto riesgo”, cuenta. Agrega que sigue atendiendo partos, desempeñándose  como  matrona clínica en el área privada en algunas clínicas de Santiago donde está acreditada. “También imparto docencia de post grado en distintas universidades. Incluso algunas clases para el Colegio de Matronas de Perú”,  añade. Por último, informa que es asesora del ColMat en enfoque de derechos de la Salud Sexual y Reproductivos.

-¿Por qué era necesaria contar con la Ley IVE?

-En Chile, hasta el 1989 existía una ley, en el Código Sanitario, que permitía el aborto en situaciones médicas, que son las que conocemos hoy en día como el riesgo vital en una mujer frente a un embarazo que hace que se agudice o se descompense alguna enfermedad preexistente. En ese periodo, por una decisión política, se saca ese artículo, por lo tanto las mujeres quedan totalmente desprovistas, en términos legales, de poder optar a la interrupción del embarazo en una situación de emergencia.  Por lo tanto, esta ley es una manera de reivindicar los derechos de las mujeres en Chile en esa área. Por otro lado, también porque representa un avance civilizatorio en situaciones súper complejas, como  la causal de una incompatibilidad de vida extratrauterina , porque hasta antes de eso obligábamos a nuestras mujeres a parir sabiendo que tenían esas condiciones con bebés que, muchas veces, sobrevivían días u horas con todo lo difícil que eso era para ellas en términos de duelo y de recursos económicos, muchas veces pagando por la mantención de un bebé que se sabía que no iba a tener un buen pronóstico y nada de eso era subsidiado por el Estado. La última causal era sobre aquellas mujeres que eran agredidas sexualmente y que tenían las peores consecuencias como un embarazo no deseado.

-La otra realidad también indica que muchas mujeres se realizaban abortos clandestinos y morían durante el proceso…

-Exactamente, porque muchas de ellas accedían a abortos inseguros, lo que es un problema de salud pública. Por otra parte,  el concepto internacional del aborto seguro tiene que ver no solo con la infraestructura, sino también con la asistencia del equipo clínico.

-¿Cómo calificaría la promulgación de la Ley IVE hace 7 años?

-Fue tremendo. Tiene una impronta social súper potente para las mujeres y, sobre todo, para aquellas mujeres que trabajamos para las mujeres de este país. Fue como recobrar la esperanza en los derechos sexuales y reproductivos. De alguna manera fue como volver a creer en que era posible hacer las cosas bien, respetando las decisiones de las personas en situaciones súper críticas, porque ninguna de las tres causales es buscada , ni esperada. También siento que fue un acto de justicia porque muchas mujeres que vivían estas situaciones solían irse al extranjero y todos sabemos que la gran mayoría de las mujeres no tienen los recursos económicos para hacerlo. Fue una forma decirles a las mujeres qué como Estado y este gobierno, les abrimos las puertas para que hoy, en su país, puedan solucionar  estos problemas.

-Porque al final se trata de una política seria…

-Absolutamente, porque además detrás de la política pública, que se asocia mucho con la interrupción, está la ventana de decidir si quiere continuar con ese embarazo. En el fondo, la Ley IVE no busca que la gente interrumpa, sino que busca que frente a una de estas tres situaciones las mujeres puedan decidir qué hacer y acompañadas durante todo el proceso de manera psicosocial.

–Sin embargo, durante estos 7 años mantener la Ley IVE no ha sido fácil. Hubo un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para que no se promulgara la ley  y también está la denominada “objeción de conciencia” de algunos profesionales de salud que se niegan a practicar la interrupción en 3 causales. Tengo entendido que  hay una modificación al reglamento donde se señala que debe haber, al menos, un profesional de la salud que entregue la posibilidad de que la persona que solicita la practica en alguna de las 3 causales se la pueda atender. ¿Es así?

-Sí y no. Efectivamente, ha sido complejo porque es una ley que tiene prácticamente la mitad del país a favor y un porcentaje cercano a esa mitad en contra. Lo anterior, puede tener muchos orígenes: desde el ejercicio del poder de algunas personas sobre los cuerpos de otras; lo que tiene que ver con creer o no lo que está contando la usuaria, por ejemplo, en la violación, y poner en tela de juicio  a la víctima, son cosas que tenemos que seguir trabajando socialmente. Porque cuando hay una ley como esta que cambia el paradigma de la atención, se requieren cambios sociales que son lentos y que no solo involucra a las mujeres, sino a todos, a los equipos de salud también.

Por otro lado, efectivamente desde el día uno, en el proceso de reglamentación se señaló que la objeción de conciencia estaba permitida, pero que tenía ciertos resguardos y estaba claramente regulada. Dentro de eso, se afirma que puede haber objeción de personas, pero también de instituciones, salvo las públicas. Hay ciertos lugares donde hay muchos objetores de conciencia  lo que ha hecho dificultoso llevar adelante cualquier proceso. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Exigir que de alguna manera el gestor de la red, es decir, el Director del  establecimiento de salud garantice la disponibilidad de uno de los médicos y del equipo completo en caso de que se exista una necesidad imperiosa de esta interrupción. El problema en cuestión es lograr fiscalizar que eso se cumpla a ciencia cierta frente a todos los casos.

Lo otro que está regulado, que se sabe poco, es que se establece que cuando la causal es de riesgo vital y no hay nadie más que ese prestador único de turno, esas personas no pueden ejercer objeción de conciencia para ese caso en particular. Ahora, lo que se pretende con el ingreso de la mejora del reglamento es transparentar más la objeción de conciencia, en términos que las personas tengan acceso de información antes de encontrarse con el equipo objetor de conciencia, sobre todo en el área privada. Este tema todavía no está aprobado y está en evaluación en la Contraloría General de la República.   La modificación tiene varias aristas: hacerlo más inclusivo porque se centra en las personas con la posibilidad de gestar, no necesariamente en mujeres, porque hoy día sabemos que pueden haber algunas personas Trans que se pueden enfrentar a alguna de las tres causales.  O sea, se busca que las personas no vuelvan a hacer revictimizadas en varios aspectos.

-¿Cuál es el balance que hace de estos primeros 7 años de la Ley IVE?

-Creo que ha valido la pena. En términos personales y laborales, ha sido duro, demandante. Ha requerido mucho trabajo en terreno, muchas conversaciones, capacitar a la gente para entender cómo cruzar lo legal con lo práctico, con lo clínico, con los derechos de las personas versus cuales son las obligaciones. Ha valido la pena. Creo que este país es otro después de esta ley, porque hoy se conversa en la mesa sobre estas situaciones y si uno va diez años para atrás, prácticamente no se hablaba de esto. Eran absolutamente tabú. Las adolescentes no podían preguntar, las niñas se escondían si estaban embarazadas porque muchos de los agresores son familiares. Fue un cambio país. Fue una punta de lanza para volver a hablar de derechos sexuales y reproductivos.

-¿Cuál fue el aporte del Colegio de Matronas y Matrones de Chile para que se promulgara la Ley IVE?

-El Colegio fue absolutamente estratégico. Fue la amalgama ante la resistencia de los equipos por temor, desconocimiento e incluso conservadurismo y la defensa de los derechos de las mujeres, que ha sido siempre una de las principales banderas de lucha del Colegio. Fue esa amalgama de espacio de conversación, discusión, aclaración para, finalmente, decir que las matronas y matrones una vez más vamos a estar al servicio de las mujeres en cualquiera de estas situaciones. Su rol fue clave, se cuadró con esta política pública, fue trascendental. Se agradece, porque es poner sobre los pensamientos individuales; el bien común, de todas las personas.

Ahora, frente a cualquier amenaza de querer abolir esta ley, no podemos echar un pie atrás. Sería tremendamente dañino retroceder. Ningún paso atrás, porque durante estos 7 años, más de 5 mil mujeres han podido decidir  sobre sus vidas.