Estimadas y estimados colegas:
El 15 de julio fuimos notificadas de la resolución de la Corte Suprema, a favor del reintegro en su calidad de presidenta del Regional Santiago de la señora Katiuska Rojas Rojas. El fallo, lejos de molestarnos, nos deja con sensación de satisfacción del deber cumplido, como argumentamos a continuación:
– La Corte alega que nuestros estatutos sólo pueden sancionar a las socias y socios del colegio en su condición de tal, y no en su rol de dirigentes. Esto fue subsanado en la última modificación estatutaria, ya que ambos roles son totalmente indivisibles.
– El tribunal argumenta que la única entidad que puede aplicar medidas disciplinarias es la Comisión de Ética, instancia que curiosamente, mientras la señora Rojas fue presidenta, nunca creó. Esto también se regulará más estrictamente en los nuevos estatutos.
– La máxima autoridad judicial señala en su fallo que “sin perjuicio de lo anterior, aparece que el Consejo Nacional, de acuerdo con los artículos 9 y 10 del estatuto, posee el control disciplinario del Colegio, y sus acuerdos obligan a todos sus miembros, debiendo velar por la promoción de la racionalización, desarrollo, protección, progreso, prestigio y prerrogativas de la profesión, incluyendo la marcha de los propios estamentos del Colegio mismo”.
– El mismo fallo, de manera contundente, agrega que “en consecuencia, la decisión de la recurrida (el Consejo Nacional) de conformar una Comisión Interventora, integrada por miembros del colegio y creada por el Consejo en uso de sus facultades de supervigilancia, no constituye un acto ilegal y arbitrario, por lo que a su respecto será rechazada la acción de actos”.
– Además, en estos 12 meses que ha trabajado la comisión interventora, no sólo ha refrendado las razones por las cuales se tomó la decisión de suspender a la señora Rojas de su cargo y a todo el directorio, como el gasto de 28 millones en menos de seis meses y la deuda de 21 millones de pesos que mantenía con el Consejo Nacional, sino que han surgido nuevos elementos de un actuar que, a nuestro juicio, podrían constituir eventuales acciones de dolo.
– En efecto, en la primera asamblea de este directorio provisorio, celebrada hace unas semanas, se dio cuenta de la pérdida de todos los libros contables –lo que impide una adecuada fiscalización contable- y el gasto sin justificación de 58 millones de pesos, dineros que le pertenecen a todas y todos los matrones de la Región Metropolitana, entre otras irregularidades e inconsistencias en el manejo financiero. Hoy las cuentas están saneadas y los recursos que han llegado por concepto de cuotas se han mantenido a buen resguardo por parte de la actual gestión.
Estos nuevos antecedentes, más el argumento entregado por la Corte Suprema, son reflejo claro y contundente de que actuamos conforme a los principios que nos rigen como dirigentas y dirigentes del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, y nada nos desviará del rumbo de trabajar en forma transparente y honesta por toda la matronería del país.
Consejo Nacional
Colegio de Matronas y Matrones
Santiago, 25 de julio de 2021